ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: UN DERECHO QUE SE HACE REALIDAD

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA & DISCAPACIDAD

Laura y Carlos son dos personas veinteañeras que tienen muchas ganas de aprender, quieren conocer gente nueva y hacer cosas de manera autónoma. Desean estudiar en la universidad para poder encontrar un trabajo. Pero sus opciones de acceder a la educación superior son extremadamente limitadas. Como ellas, la mayoría de jóvenes con discapacidad intelectual no llegan a terminar la secundaria.

Como cualquier ciudadano, Carlos y Laura (nombres ficticios de personas reales) tienen derecho a la educación en todos los niveles, incluidos los estudios superiores. Pero, aunque las políticas educativas van desarrollando tímidamente estrategias de apoyo al desarrollo académico de las personas con discapacidad cognitiva, estas estrategias resultan dispersas, por la naturaleza autónoma de las estructuras de educación superior, y no sostenibles, por su escasa y vulnerable financiación.

Diversas experiencias muestran que el alumnado con discapacidad intelectual que se forma en la universidad está muy satisfecho y mejora su empleabilidad (e incluso, algunos tras recibir esta educación, son capaces de volver a la escuela y titular en secundaria). Ahora mismo, por ejemplo en España, son solo el 1,6 % del alumnado universitario. Afortunadamente, algo está cambiando.

Lucha contra el desempleo juvenil

Para luchar contra el desempleo juvenil en el grupo poblacional de jóvenes con discapacidad de 16 a 29 años, los programas financiados por UNIDIVERSIDAD de la Fundación ONCE ofrecen cada curso, desde 2017, en más de 30 universidades españolas públicas y privadas, títulos propios para estudiantes con discapacidad intelectual. Existen iniciativas como el programa Promentor, con casi 20 años de experiencia, impulsor de las primeras acciones formativas.

Más de 2 000 estudiantes con discapacidad intelectual han pasado por las aulas universitarias en los últimos ocho años. Estos programas, con gran valor social, suponen para las universidades españolas una buena práctica de trasformación educativa si se considera, además, su impacto social.

¿En qué consiste la oferta formativa?

Estas propuestas ofrecen formación integral, incluyendo, al igual que se propone con el resto de los estudios universitarios (profesionalizantes o no) el desarrollo de competencias sociolaborales para acompañar al estudiantado con discapacidad intelectual en su formación académica y su empleabilidad como también lo hace el programa formativo Inserlab.

Los planes de estudio tienen en cuenta las necesidades de apoyo y de acceso de estos estudiantes, partiendo de una comprensión de sus procesos psicológicos para asegurar la accesibilidad cognitiva de los contenidos.

La formación se diseña con el objetivo de desarrollar competencias laborales y el conocimiento de la persona, sus fortalezas y sus necesidades. Así, los programas cuentan con una estructura vertebrada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, de desarrollo de competencias que se complementan con actividades extracurriculares en el campus universitario. Además, ofrecen asignaturas o actividades compartidas con alumnado universitario sin discapacidad de grado, postgrado y formación profesional.

¿Cómo se favorece la educación inclusiva?

Las universidades están adaptando sus políticas para ajustarse a los parámetros internacionales de sostenibilidad y en este sentido incorporan la inclusión como objetivo estratégico. Se trata de colaborar en el desarrollo de la sociedad, un desarrollo que debe ser inclusivo, equitativo y sostenible.

Es importante ofrecer estudios que interesen a las personas con discapacidad. Existen guías de consulta y estudios sobre su vida independiente.

Metodologías y enfoques

Las metodologías que se adaptan a la diversidad, accesibles e innovadoras, contribuyen a una universidad centrada en las personas. Son metodologías que permiten crear redes, como el diseño universal para el aprendizaje. Parten de la idea de que la manera en la que los estudiantes perciben y entienden la información que reciben no es homogénea.

Otro cambio de enfoque se refiere a la ética y su papel en las universidades, que deben ser baluarte de los derechos humanos y coherentes con su definición en la ley como promotoras del “acceso a estudios universitarios de las personas con discapacidad intelectual”. Favorecer las condiciones de empleabilidad y autonomía de todas las personas, pensando más en las posibilidades que en las dificultades de acceso, forma parte de este mandato.

Reformas legales

Para que todo ello pueda materializarse es necesaria una reforma legal que facilite la transmisión del paradigma a cada equipo rectoral. Algunas de las políticas que tratan de aproximarse a estas demandas son los campus inclusivos, accesibles e igualitarios.

Por otro lado, debemos trabajar en la accesibilidad tanto estructural como cognitiva del entorno y de las clases universitarias, así como en la sensibilización de la sociedad, incluyendo los futuros estudiantes universitarios.

Todo esto supone un cambio del paradigma “capacitista” y la creencia de que a la universidad deben llegar los más capaces: como las Naciones Unidas destacan, la educación superior es un derecho y una medida que enriquece a las personas, y por lo tanto los países deben de garantizan su acceso.